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El nuevo juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso este miércoles más de veinte medidas de prueba para avanzar en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente Martín Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio.
En una resolución a la que accedió Clarín, Rodríguez Ponte —quien asumió tras la feria judicial de julio en ese juzgado— solicitó ampliar las medidas patrimoniales, obtener información sobre comunicaciones de los imputados y requerir la cooperación de bancos uruguayos en el marco del denominado caso Yategate.
Además, ordenó peritar nuevos videos en los que se observa a la modelo contando miles de dólares en un vestidor, imágenes que fueron difundidas por Clarín y TN el mes pasado y que cuentan con metadatos que restan certidumbre a su manipulación. También dispuso continuar la investigación sobre la modelo Sofía Clérici.
Con esta batería de medidas, Rodríguez Ponte adoptó una actitud proactiva en una causa que sus antecesores, Ernesto Kreplak y Luis Armella, investigan desde hace casi tres años.
Los nuevos videos fueron aportados por la fundación Apolo, mientras que la ONG Poder Ciudadano, representada por los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, actúa como querellante en la causa.
El juez rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa de Insaurralde contra el cotejo realizado sobre las imágenes del vestidor y confirmó esta decisión ante un recurso similar presentado por la defensa de Clérici.
En cuanto a la investigación patrimonial, Rodríguez Ponte ordenó ampliar la información sobre los bienes y movimientos financieros de Insaurralde, Cirio y Clérici, así como de varias personas vinculadas, entre ellas los hijos del exintendente, su excuñado Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadío —presunto testaferro—, Carolina Ileana Álvarez y la empresa Sasaxa Libero S.A.
Para ello, requirió datos al Registro Nacional de las Personas y a la ANSES, y solicitó informes a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo, y a la Sociedad Rural Argentina. En relación con los hipódromos, el objetivo es determinar si los investigados poseen studs o boxes en forma directa o mediante sociedades desde 2009 hasta la actualidad.
Entre las medidas patrimoniales, se destaca la solicitud de copia digital y documentación vinculada a una escritura de fecha 26 de octubre de 2010 referente a un inmueble ubicado en San Martín 1329, Banfield, que estaría a nombre de Insaurralde y su primera esposa, Carolina Álvarez. La Justicia busca esclarecer el contexto y destino de dicha propiedad.
En materia financiera, el juez pidió a Banco Piano y Banco Santander Argentina información completa sobre los productos y movimientos bancarios del exintendente durante los períodos en que estuvieron activos sus cuentas. También requirió a Banco Provincia los movimientos de dos cuentas vinculadas a Insaurralde desde 2023 hasta la fecha, buscando completar flancos pendientes en el análisis contable, dado que peritos de la Corte Suprema advirtieron la ausencia de extractos posteriores a ese año.
La empresa Compensadora Electrónica S.A. (COELSA) deberá brindar información sobre transacciones y la trazabilidad de operaciones financieras que involucren a los investigados desde 2009.
Respecto a los vehículos, se ordenó revisar vehículos registrados a nombre de los hijos de Insaurralde, entre ellos un Peugeot 208 Allure, una Jeep Renegade y dos Volkswagen Fox. También se investigarán sus ingresos formales, requiriendo extractos bancarios a diversas entidades (BBVA, Banco Nación, ex HSBC y Banco Industrial) y recibos de sueldo de Torneos y Competencias y THX Medios, con el fin de contrastar ingresos declarados con patrimonio y movimientos.
El Banco Central deberá informar todas las operaciones de cambio realizadas por uno de los hijos del exintendente desde que alcanzó la mayoría de edad en octubre de 2014 hasta la actualidad.
Otra línea sensible en la investigación son las comunicaciones telefónicas. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) deberá obtener de las empresas telefónicas el detalle completo de llamadas, mensajes de texto y datos de las líneas a nombre de Insaurralde, Cirio, Clérici, sus hijos, Barrachina y Donadío, abarcando desde 2009 hasta hoy. El pedido incluye fechas, horarios, duración, números de origen y destino, antenas utilizadas, historia de IMEI, y datos de geolocalización cuando estén disponibles. Estos registros serán analizados para detectar patrones, vínculos y contactos recurrentes.
Los videos que muestran a Cirio contando dólares vuelven a cobrar protagonismo. La Dirección de Apoyo Técnico en Investigación Penal (DATIP) había detectado la ausencia de metadatos originales en el material aportado por diario La Nación, lo que impide certificar con precisión su fecha de creación. Por eso, la Justicia ordenó un análisis forense exhaustivo con el objetivo de determinar su autenticidad, posibles alteraciones —incluyendo el uso de inteligencia artificial—, y realizar una estimación precisa de la cantidad de billetes que aparecen.
Asimismo, se analizará un pendrive entregado por la Fundación Apolo, cuyo contenido fue revelado por Clarín. La DATIP deberá realizar una extracción forense y verificar la integridad, origen, fecha y posibles manipulaciones de los archivos, con la participación y conocimiento de las partes implicadas. Para el próximo 14 de septiembre, Nicolás Silvera,
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